Una investigación reveló que el plan impulsado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para acelerar la aprobación de proyectos habría terminado favoreciendo directamente a un millonario desarrollo inmobiliario en el que participa su hermano, Víctor Quiroz.
El proyecto Alto Santorini, ubicado en Concón y valorizado en aproximadamente US$43,6 millones, obtuvo su aprobación ambiental el pasado 8 de julio, pese a las advertencias realizadas por organismos técnicos sobre los riesgos existentes en el terreno.
Víctor Quiroz aparece vinculado al proyecto como diseñador, lobista y socio con una participación equivalente al 12%.
El plan que buscaba acelerar los permisos
La estrategia contra la denominada “permisología” fue impulsada desde Hacienda con el objetivo de acelerar la tramitación de proyectos de inversión que permanecían detenidos.
Según antecedentes citados por la investigación de CIPER, el mecanismo contempla un sistema de seguimiento de proyectos y un comité de subsecretarios encargado de priorizar iniciativas que requieren destrabar procesos administrativos.
El propio Jorge Quiroz había explicado anteriormente que la estrategia buscaba anticipar los informes que debían emitir distintos organismos y generar presión para acelerar sus respuestas.
Sin embargo, la existencia y funcionamiento del denominado Comité de Proyectos en el SEIA ha generado cuestionamientos debido a la falta de registros públicos sobre sus reuniones y criterios de priorización.
Desde Chile Transparente advirtieron que esta falta de información podría abrir espacio a eventuales conflictos de interés o influencias indebidas si no existe suficiente trazabilidad sobre las decisiones.
El lobby del hermano del ministro
Mientras Hacienda impulsaba su estrategia para acelerar proyectos, Víctor Quiroz realizó gestiones para destrabar Alto Santorini.
De acuerdo con los antecedentes publicados, el arquitecto habría sostenido al menos 10 audiencias con autoridades regionales relacionadas con la iniciativa.
Entre ellas figura una reunión realizada apenas un mes antes de la aprobación ambiental con Manuel Millones, delegado presidencial de Valparaíso y presidente de la Comisión de Evaluación que posteriormente aprobó el proyecto.
El vínculo familiar entre ambos Quiroz ha generado cuestionamientos precisamente porque el proyecto beneficiado económicamente cuenta con participación directa del hermano del ministro.
Las advertencias por riesgo de derrumbes
Uno de los aspectos más controvertidos de la aprobación corresponde a los informes técnicos sobre las condiciones del terreno.
El Sernageomin había advertido sobre la existencia de posibles fenómenos de remoción en masa, incluyendo deslizamientos, derrumbes y desprendimientos.
El organismo señaló además que no era posible descartar impactos significativos ni riesgos para la seguridad de la población sin contar con estudios específicos sobre el peligro existente.
Pese a estas observaciones, el Servicio de Evaluación Ambiental de Valparaíso terminó calificando favorablemente el proyecto.
La autoridad ambiental determinó que el estudio sobre remoción de masa no debía constituir un requisito previo para la aprobación, sino que podía ser abordado posteriormente mediante medidas contempladas en un plan de prevención de contingencias.
Cuestionamientos por transparencia
La controversia también alcanzó al propio ministro de Hacienda debido a cuestionamientos relacionados con sus declaraciones de patrimonio y potenciales conflictos de interés.
Según antecedentes citados por medios nacionales, Quiroz ha tenido un papel activo en la discusión legislativa de iniciativas relacionadas con incentivos al sector inmobiliario y aceleración de proyectos.
La polémica se centra ahora en determinar si existieron suficientes mecanismos para evitar un eventual conflicto de interés entre la estrategia impulsada desde Hacienda y los intereses económicos de un familiar directo.
Por ahora, la controversia pone nuevamente bajo la lupa la política del Gobierno para acelerar inversiones y reducir la denominada “permisología”, especialmente cuando los proyectos beneficiados tienen vínculos directos o indirectos con personas cercanas a autoridades públicas.
